Los representantes de las organizaciones no gubernamentales Democracia y Sexualidad, y Vida Plena, Brahim Zamora Salazar y Onán Vázquez, respectivamente, informaron que interpondrán una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) contra la iglesia católica de Puebla porque en el Seminario Palafoxiano se obliga a los aspirantes a ingresar a someterse a exámenes médicos para demostrar que no son portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
También presentarán una queja ante el Consejo Estatal de Control y Prevención de VIH/sida (Coesida) en Puebla para que se investigue cuántos jóvenes han sido rechazados en el seminario por ser seropositivos, lo que constituye una clara violación a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que establece que no se puede segregar a una persona por su estado de salud.
Explicaron que estas acciones son para buscar que se elimine del seminario la condicionante de que los alumnos tengan que demostrar que no son portadores del VIH.
Dichos recursos son en reacción a que este domingo el arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca y Pacheco, en una conferencia de prensa, admitió que se está exigiendo a los jóvenes que buscan ser sacerdotes que demuestren que no están infectados con el virus en cuestión, bajo el argumento de que se busca garantizar que los futuros ministros de culto gocen de una buena salud física.
En esa reunión el prelado dijo: "Se someten a pruebas –los aspirantes a ingresar al seminario–, inclusive del VIH, para que no se nos cuele un enfermo; estamos atentos a esto, no estamos dormidos, pero a veces las cosas nos rebasan, pero si están enfermos no los aceptamos".
"Vamos a investigar, ahora que esto se hizo público, cuántos casos se han presentado de posibles aspirantes a sacerdotes que fueron rechazados por vivir con VIH; si se diera este caso invitaremos a la iglesia a que reflexione sobre su postura y labor. En 1992 Juan Pablo II arregló la condena que existía contra personas que vivían con VIH, incluso cuando vino a México tuvo una reunión con pacientes infectados en Veracruz, es un asunto de posturas, pero también de respecto a la ley, no por ser curas o tener un ministerio pueden brincarse la legislación y además salir a declarar que se la brincan tan cínicamente", afirmó Brahim Zamora.
Los activistas demandaron al Congreso local promulgar una ley estatal en contra de la discriminación para que haya sanciones específicas contra instituciones públicas o privadas, empresas y otros organismos que discriminen a los seropositivos y obliguen a las personas a realizarse pruebas de detección de VIH como requisito para darles empleo o permitir que estudien.
Zamora Salazar explicó que al pedir como requisito la "prueba de Elisa", la jerarquía católica, además de violar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación –que establece que no se puede segregar a una persona por su estado de salud–, contradice las recomendaciones internacionales de que los exámenes del VIH deben ser completamente voluntarios y no pueden ser requisito para ingresar a ningún trabajo o institución.
Los activistas reprobaron la conducta discriminatoria de la iglesia y manifestaron que con estas posturas sólo se motiva a que siga habiendo estigmas hacia los seropositivos y se "da al traste" con todo el trabajo de prevención que las organizaciones civiles han hecho en la entidad.
Por su parte, Rafael Pagán Santini, especialista en el tema de VIH/sida, señaló: "es triste que el encargado de representar a la iglesia en Puebla haga señalamientos de discriminación de las condiciones de salud, pues de nada afectaría el estado de una persona en el seminario".
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, –que entró en vigor desde junio de 2003– determina que discriminación es "toda distinción, exclusión o restricción que, basada en (...) condiciones de salud (...), preferencias sexuales (…) tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones".
En el artículo 9, dicha ley establece que son conductas discriminatorias "impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole".
En febrero de 2005, un caso similar al que ocurre en la iglesia católica de Puebla se suscitó en el Ejército, pues todo aspirante a ingresar a las fuerzas armadas era sometido a exámenes médicos para verificar que no era portador de VIH y tenía que constatar que se era "sano y útil para el servicio de las armas".
En 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional que el Ejército enviara al retiro a los militares a los que se les detectaba este contagio por este virus.
Los ministros consideraron que la medida resultaba violatoria de la Constitución al darles un trato desigual y discriminatorio. La mayoría de los que integran la Suprema Corte determinaron que el sólo hecho de tener el VIH no implica que alguien pueda ser considerado inútil para desempeñar sus tareas.
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