17 de enero de 2009
Rodolfo Echeverría Ruiz
Y lo hace con el aval de la Arquidiócesis de México, el bochornoso silencio cómplice del gobierno y la omisión deliberada del PAN.
La derecha radical se suelta la melena y, valiéndose del vocero del Arzobispado capitalino, nos hace saber urbi et orbi que “defenderá enérgicamente la vida y la familia desde las legislaciones”. Cobijada por el clero político, la ultraderecha “quiere tener una mayor incidencia y conformarse en un partido pues, como laicos, no tienen ningún impedimento para participar en la vida política del país, aun declarándose abiertamente católicos”.
Dijo eso en la víspera del VI Encuentro Mundial de las Familias que en estos días se celebra aquí. El papa Benedicto XVI no vino. Adujo motivos de salud.
El gobierno mira hacia otra parte y finge ignorar el enésimo intento derechista encaminado a reabrir las profundas heridas causadas por los cristeros en armas (1926-1929), cuya ensangrentada rebelión condujo a México hacia la pesadilla de una guerra civil.
El clima de la tormenta está generándose. Ni el presidente Calderón ni su partido, el PAN, mueven un solo dedo para presionar —aunque la obligación del Ejecutivo consista en hacer cumplir la ley a secas— a los gobernadores de Jalisco y de Guanajuato con el propósito de orillarlos a ceñir su acción pública a los preceptos de nuestra Constitución en todo lo concerniente a las fundamentales materias definitorias del Estado laico, condición de la convivencia civilizada entre los mexicanos, pensemos como pensemos o creamos en lo que creamos.
El clero político embiste otra vez contra la legislación laica de México. Lo hace con su nunca disimulada furia ancestral. De manera explícita la alta clerecía de nuestra ciudad capitanea toda una campaña en esa ruta.
La ultraderecha pretende, ni más ni menos, fundar un partido apto “para defender los preceptos de la Iglesia católica”. Estamos ante una nueva era de abiertos desafíos. La Constitución de la República recoge y profundiza el contenido de las Leyes de Reforma (acta de nacimiento del Estado moderno en México) y nos garantiza la vigencia de todas las libertades de la libertad. La primera de ellas es la de conciencia, a partir de la cual se multiplican las demás. Fieles de todos los credos participan en los partidos y votan sin restricciones. Ninguno está excluido del debate democrático ni del proceso legislativo.
El Estado es laico. La democracia es laica. Los mexicanos católicos o judíos o protestantes o feligreses de cualquier confesión —o los no creyentes en ninguna— ejercemos libertades y derechos emanados del carácter laico de nuestra vida pública. Y ello conforma una decisión política fundamental inherente a la estructura jurídica básica de nuestro país.
La solución mexicana —supremacía del poder civil— resultó “buena para el Estado, buena para la Iglesia y buena para el creyente” (Reyes Heroles). No atentemos contra la historia. Está en juego la convivencia nacional.
Consejero político nacional del PRI
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