Los bienes de la Iglesia católica en Estados Unidos podrían comenzar a ser embargados para cubrir los gastos de indemnización de las víctimas de violación por parte de sacerdotes.
La autorización para demandar al Estado Vaticano que fue concedida a tres víctimas de pederastia por la Sexta Corte de Apelaciones de Circuito, en San Louis Missouri, implica que la santa sede será "solidariamente responsable" por las acciones de los sacerdotes y, en consecuencia, tendrá que asumir los costos de sus actos.
Esa decisión responde a una figura jurídica conocida como la Responsabilidad del Superior, la cual, de acuerdo con Elio Masferrer, presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de la Religión, es bastante explícita en Estados Unidos.
La Iglesia no podría alegar que los actos de los sacerdotes fueron cometidos cuando se encontraban fuera del ejercicio de sus funciones, porque es responsable en todo momento de su contratación.
"Si la Arquidiócesis de San Francisco se declara en quiebra, por ejemplo, habrá que ir sobre los bienes del Vaticano en Estados Unidos y, si con eso no alcanza para resarcir el daño, (es necesario) perseguirlos por todo el planeta hasta cubrir las indemnizaciones," explicó Masferrer.
El especialista reveló que muchos colegios católicos en la Unión Americana están cambiando el estado jurídico para que no aparezcan como propiedad de una congregación religiosa y, en consecuencia, no puedan ser embargadas.
Las demandas en contra del Vaticano de los tres hombres que dijeron haber sido víctimas de sacerdotes pederastas en los años 20 y 70 se fundamentan en una directiva emitida en 1962 por el papa Juan XXIII, en la que se prohíbe, bajo pena de excomunión, dar aviso a las autoridades civiles sobre los casos de abuso sexual a menores.
"Ésa es una amenaza muy severa para un católico," dijo Masferrer. "Va a mantener y proteger el secreto".
De acuerdo con algunos medios estadunidenses, el abogado de las víctimas, William McMurry, solicitó en casos anteriores permiso para pedir la deposición del papa Benedicto XVI. No obstante, el juez de Distrito, John Heyburn II se la negó.
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