Jerarquía católica intolerante

viernes 15 de enero del 2010. México.

Por: Luis Lauro Carrillo

Uno de los poderes fácticos reales más protagónicos del escenario político mexicano es la Iglesia católica. La acción política que esa institución se ha enfocado en la pervivencia de sus afanes teocráticos.

Es larga y complicada la historia de las intervenciones de la Iglesia católica en la vida pública del país. Hay marcas profundas, acontecimientos sangrientos y una separación entre el Estado y las iglesias que forma parte de nuestra Constitución.

A diferencia de otras normas, esta separación tiene una amplia aceptación en la cultura política de la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, cada vez que hay reformas contrarias a las directrices eclesiásticas los actores toman posiciones y se abren los litigios.

El pretexto de la ofensiva que encabeza el cardenal Norberto Rivera, es la recién aprobada ley que permite los matrimonios homosexuales y las adopciones por parte de dichas parejas. Exhibiendo a diestra y siniestra el grado de intolerancia que lo caracteriza.

La ley aprobada por la Asamblea de Representantes del DF representa un gran logro para el respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos en el Distrito Federal. La gritería de Rivera lo retrata de cuerpo entero su fanatismo y de paso exhibe a la dirigencia nacional panista, a su presidente nacional, César Nava.
La ofensiva del clero en contra la ley capitalina que reconoce el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar, no sólo viola la Constitución, sino que atenta contra las minorías y al derecho a la diversidad sexual.

El Cardenal Rivera tiene como propósito la manipulación de los feligreses en base al dogma, no de la razón. Las leyes de uniones conyugales homosexuales y la relativa a las adopciones pueden y deben ser objeto de debate, no de convocatoria a la desobediencia.

“No podemos obedecer a los hombres antes que a Dios”, dijo Valdemar, a nombre de Norberto Rivera. Y fue más allá: “La ley perenne es la de Dios; toda ley humana que se le contraponga será inmoral y perversa, pues al ir contra su voluntad termina por llevar a la sociedad a la degradación moral y a su ruina’”.
Si el Cardenal invoca y se fundamenta en las Sagradas Escrituras. El Estado debe aplicar a Rivera y compañía el artículo 130 de la Constitución.

Dicho numeral establece que los ministros de culto “no podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.

Después de que la Iglesia católica menospreciara las leyes humanas que permiten el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y llamara a no votar por el PRD, César Nava presidente nacional del PAN, aprobó que los ministros de culto hagan uso del púlpito para llamar a no sufragar por un partido político.

Agregando el blanquiazul, que “la época en la que se les restringía expresar su opinión solamente en el púlpito, quedó atrás”. Olvidando César Nava la libertad de expresión en una democracia tienen límites; por ejemplo, para los ministros de culto religioso lo establece el referido artículo 130 de nuestra Constitución.
Los panistas se quejaron amargamente porque el tema no fue consultado con la ciudadanía. Como si el reconocimiento pleno de derechos de las minorías dependiera de consultar las mayorías.

En definitiva donde hay una religión de Estado o se favorece a una religión no hay democracia. Por lo que el gobierno federal y el congreso de la unión deben hacer un llamado a las iglesias a “no dividir a la sociedad” y a no pretender imponer su concepción moral de la vida a toda la población, independientemente de aplicarles la ley por violar la Constitución y por atentar contra el Estado Laico.
carrsot_l@hotmail.com


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