¿Estado light-co?

viernes 15 de enero del 2010, México.

Por Alfonso Zárate*

En México está en curso una cruzada que se propone una revancha histórica: someter a las instituciones públicas, laicas por definición, a la autoridad eclesial; imponer a la República, dogmas religiosos que sólo corresponden a las creencias personales de su feligresía.

Un alto clero que desde hace siglos cayó en la tentación del poder terrenal y cuya manera de vivir —el boato, la opulencia y sus nombramientos excelsos: “reverentísimos” y “eminentísimos”— constituyen el rechazo más contundente a la prédica de su fundador, es el mismo que ha desplegado una operación política a nivel de las cúpulas del Partido Revolucionario Institucional (Beatriz Paredes y los gobernadores, principalmente) para imponer un retroceso en materia de libertades que niega la palabra de Cristo: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.

Poniendo en práctica viejos usos del poder —albazos legislativos, “línea” a los legisladores, arreglos en lo oscurito— una mayoría priísta y panista, pero también de otros partidos, ha aprobado en 18 entidades las contrarreformas que hoy criminalizan los abortos y que, en algunos extremos, sancionan con prisión a las madres que interrumpen su embarazo aun en casos de violación, de riesgo para su vida o de defectos congénitos graves del embrión.

La interrupción del embarazo —una decisión siempre difícil para una madre— afecta, antes que a nadie, a quien(es) toman tal determinación; el aborto no es un método anticonceptivo sino una solución de última instancia, que tiene que ver con derechos fundamentales de las mujeres.

Los estudios sobre los abortos muestran que la primera causa para abortar es económica: a muchas mujeres con muchos hijos y en condiciones de pobreza extrema, el embarazo no deseado las deja ante una decisión difícil. En otros casos, se trata de mujeres que fueron víctimas de la violencia sexual, incluso menores de edad a quienes se obligaría a tener a los niños producto de ese crimen horrendo que es la violación. Pero están también los casos en los que la decisión se adopta debido a la malformación del producto o porque está en riesgo la vida de la madre.

Quienes están penalizando el aborto ponen en riesgo la vida de miles de mujeres que no contarán con las condiciones hospitalarias adecuadas para hacerlo y, por otra parte, están favoreciendo que vengan al mundo seres no deseados y que los resultantes sean, muchas veces, niños golpeados e incluso, abandonados y sin instituciones que puedan acogerlos.

Lo que está ocurriendo es una grave regresión. Las presiones de los sectores más conservadores de la Iglesia católica son enormes. ProVida y otros grupos similares están muy activos. El respeto debido a todas las creencias reclama reconocer que si desde un punto de vista religioso la interrupción del embarazo es inaceptable, entonces los creyentes adopten las medidas que correspondan dentro de su fe; pero lo que resulta inadmisible es la pretensión de convertir preceptos de la esfera estrictamente religiosa, en leyes de carácter general, es decir, aplicables lo mismo a católicos que judíos, cristianos o agnósticos.
México vivió un paso decisivo a la modernidad hace 150 años: la separación de la Iglesia y el Estado. Pero ahora, en pleno siglo XXI constatamos un esfuerzo, exitoso en muchos lados, de retrotraer la historia.

Fuga hacia adelante, esta ofensiva, por otro lado, busca, también, tender una cortina de humo sobre los casos de pederastia, los pecados dentro del alto clero.

En este tiempo signado por el descrédito y erosión de las instituciones —los partidos políticos, el IFE, el Tribunal Electoral de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos—, la Iglesia católica, “una de las instituciones más conservadoras, rituales, verticales y antidemocráticas de la contemporaneidad”, como la define Juan Luis Hernández, pone su cuota.

Está en curso la revancha de la ultraderecha: los valores religiosos van imponiéndose y nuestro Estado laico deviene Estado light-co.

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