Martes 27 de septiembre del 2011. México.
El ministro Fernando Franco González Salas lamentó las descalificaciones y ofensas generadas por sus proyectos de invalidar las reformas constitucionales en Baja California y San Luis Potosí que protegen la vida desde la concepción, y llamó a la tolerancia y a la prudencia para procesar las diferencias.
Antes de comenzar la discusión, y mientras frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se manifestaban asociaciones antiaborto, el ministro refrendó su respeto a todas las opiniones vertidas en las últimas dos semanas a sus proyectos, incluso aquellas que están en contra de su propuesta o cuyo sentido no comparte.
Sin embargo, lamentó las opiniones de quienes “en uso indebido de ese derecho, denigran, descalifican y ofenden a los que no sostienen sus puntos de vista o piensan igual que ellos”, y advirtió que en la SCJN no influyen ni tienen cabida las presiones o agresiones.
“En nuestro actuar rigen siempre las convicciones, el conocimiento y la experiencia; no tienen cabida o influencia ni las presiones ni las agresiones del tipo que sean”, dijo el ministro.
En una sesión que concluyó con tres diferentes propuestas para revisar las reformas y determinar si son constitucionales o no, el ministro destacó que los avances de la ciencia llevarán eventualmente a la Corte a resolver, en el futuro, impugnaciones similares a las que ahora están en estudio.
“Por lo tanto, debemos aprender todos, sin excepción, a ser prudentes y tolerantes para poder procesar las diferencias siempre civilizadamente y por las vías institucionales y de la razón”, ya que estos temas tan sensibles y delicados para la sociedad mexicana “deben ser abordados y debatidos con toda seriedad, con argumentos y razones en esta Suprema Corte de Justicia”, dijo.
El proyecto de sentencia a la acción de inconstitucionalidad 11/2009 propone invalidar el párrafo primero del artículo 7 de la Constitución Política de Baja California, en la porción que dice: “al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural o no inducida”.
El proyecto reconoce como constitucionalmente válido que se tutela el derecho a la vida, pues éste siempre ha sido protegido por la Carta Magna. Plantea la invalidez de reconocer al no nacido como persona humana en sentido normativo, pues ni la Constitución, ni los tratados internacionales consideran esta posibilidad.
Sostiene, además, que la norma impugnada vulnera la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres, de manera particular su derecho a la salud y a la libertad reproductiva.
Por tratarse de una acción de inconstitucionalidad, se requiere el voto de ocho de los 11 ministros para invalidar la norma, si no, seguiría vigente.
El ministro Salvador Aguirre se pronunció en contra: “No existe tratado internacional alguno, y menos aún suscrito por México, que establezca como derecho de la mujer el abortar”. Propuso interpretar la norma impugnada conforme a las reformas constitucionales de derechos humanos, que incluyen el derecho a la vida.
El ministro Luis María Aguilar planteó que, de acuerdo con la tradición constitucional y el sistema federal, las entidades federativas no pueden definir en sus constituciones derechos fundamentales que no están previstos en la Constitución federal.
Las constituciones estatales, detalló, pueden ampliar los derechos mínimos de las garantías previstas en la Carta Magna, pero no modificar su contenido o crear nuevos derechos, porque se generaría un sistema federal desarticulado y caótico. Recordó que aún si se invalidaran las reformas, los códigos penales locales todavía establecen el aborto como un delito.
El debate en la Suprema Corte continuará en la sesión de este martes.
FUENTE:
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/189325.html
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