Bernardo Barranco V.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acrecentó el carácter laico del Estado; su decisión de rechazar las iniciativas de inconstitucionalidad en la despenalización del aborto es histórica y sin duda tendrá futuros alcances no sólo en varias entidades del país, sino en diferentes países de Latinoamérica. Pese a condenas y llamados a la objeción de conciencia que han externado algunos miembros de la jerarquía católica, los ministros de la Suprema Corte actuaron con propiedad, apego a la legalidad y esmerada seriedad en la técnica jurídica. Personalmente tengo muchos sentimientos encontrados frente al tema del aborto, pero no puedo dejar de reconocer el correcto tratamiento que los ministros ofrecieron, dignificando uno de los poderes de la nación.
Recordemos las dos acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas tanto por la Procuraduría General de la República como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivadas de la reforma al Código Penal del Distrito Federal (abril de 2007), que despenaliza el aborto hasta las doce semanas de gestación del producto de la concepción. En ese momento reinaba una caótica atmósfera mediática de enconos y reproches. Desde el inicio el debate en los medios fue perdido estrepitosamente por la imprudencia y la reacción colérica del cardenal Norberto Rivera, quien amenazó y lanzó advertencias de excomunión, latae sententiae, a los legisladores.
La reacción de los diferentes actores no se hizo esperar. Varios legisladores, intelectuales y organizaciones civiles se apuntaron a ser excomulgados. Los medios daban cuenta de una polarización temida en un contexto de frágil estabilidad social. La postura del arzobispado fue resquebrajándose por la nula capacidad de convocatoria de sus llamados y al mismo tiempo el Vaticano entró en escena corrigiendo la plana a los argumentos desafiantes del cardenal, señalando que según el derecho canónico, canon 1398, la máxima sanción de excomunión se aplica al procurar, participar o cooperar directamente para que un aborto se lleve a cabo y, según Federico Lombardi, vocero del papa Benedicto XVI, no aplica a ningún legislador (Notimex, 30/4/07).
Mientras el debate en México se caracterizó por la falta de profundidad y provocaciones en los medios, en Portugal se llevó a cabo un referendo sobre la misma cuestión el 11 de febrero de 2007. La consulta fue precedida de discusiones de fondo, foros, conferencias, mesas redondas en universidades y en la cámara legislativa. La Iglesia católica en ese país se abrió a un amplio debate sobre la despenalización del aborto, participó con sus especialistas con una actitud de diálogo y de escucha, interviene hasta en debates televisados. Se pactó, pues, la realización de un referendo, cuyo resultado fue positivo a la despenalización del aborto con 60 por ciento; la Iglesia gana perdiendo la consulta.
Por ello, la intervención de la SCJN en nuestro país fue más que oportuna, porque despresuriza la tensión y eleva el nivel de los contenidos en torno a la supuesta inconstitucionalidad de la reforma en el Distrito Federal, abriéndose a todos los actores en audiencias públicas. La SCJN tomó una decisión innovadora, por primera vez en la historia, de abrir un espacio de oralidad para que los ministros escuchara de manera directa las argumentaciones y posiciones de todos aquellos, fueran personas o agrupaciones, que participan o están involucrados por el litigio constitucional.
El ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia expresó en la apertura de las audiencias públicas que los ministros eran conscientes de las enormes controversias que genera el tema, que la decisión sería difícil, pero "creemos que los espacios abiertos y públicos y la transparencia en nuestras diligencias permitirán que cualquier persona pueda ver y sopesar nuestra labor; son muestra de nuestro compromiso con la imparcialidad de cara a la nación". Fueron seis audiencias, que sumaron 18 horas efectivas, en las que 80 expositores en total dieron su punto de vista y argumentaron su postura.
Los ministros escucharon las argumentaciones de los autores de las acciones de inconstitucionalidad, es decir, del procurador Eduardo Medina Mora y del ombudsman José Luis Soberanes. En dichas audiencias participaron, sólo por mencionar algunos que sostenían la misma postura: Jorge Adame Goddard, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Rodrigo Guerra López, asesor de la CEM y del CELAM; Carlos Llano Cifuentes, reconocido ideólogo del Opus Dei; Carlos María Abascal Carranza, ex secretario de Gobernación. En contraparte, comparecieron, entre otros: Marta Lamas, activista por los derechos de las mujeres; María del Consuelo Mejía, de Católicas por el Derecho a Decidir; Edgar Cruz González, luchador por los derechos humanos; Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y Martha Lucía Mícher, del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Por cierto, casi todos ellos, con diferentes trayectorias, son reconocidos católicos practicantes.
Las deliberaciones sobre el proyecto del ministro Aguirre Anguiano fueron intensas y de fina técnica jurídica. Por razones diferentes, la mayoría de los ministros rechazaron el proyecto. Se destaca la intervención de Genaro Góngora Pimentel, vasta y demoledora; incluso Sergio Aguirre, ponente que sostenía la inconstitucionalidad, tuvo un cierre prodigioso; en el fallo final, algunos de ellos reconocieron, como el ministro Gudiño Pelayo, católico, que actuaban más allá de sus convicciones personales. Sin duda la actuación de la SCJN dignificó la laicidad como una forma de convivencia en libertad y con democracia.
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