Es evidente que en una sociedad donde se practica la democracia y se vive en el imperio de la ley, nadie, absolutamente nadie, está por encima de las leyes y el estado de derecho. No es nuestro caso.
En México, y en Jalisco, aunque ya no debieran existir, en los hechos subsisten el fuero eclesiástico, el civil y el militar. El reciente carpetazo de la Secretaría de Gobernación (Segob) al limosnazo es un claro ejemplo de ello.
Parece que la capacidad del gobierno federal para permitir la impunidad es ilimitada. Las autoridades, las clases en el poder pueden incumplir y violar las leyes a capricho y antojo. Pero cuando se trata de combatir a los enemigos del régimen, a la oposición, a los que no están de acuerdo con las medidas y acciones de gobierno a la menor sospecha se les busca aplicar "todo el peso de la ley", que no es otra cosa que la aplicación abusiva y autoritaria de la ley.
¿Por qué se permitió la fuga del alcalde de Tonalá en el contexto de un artero crimen? ¿Por qué en lugar de cerrar empresas contaminantes de poderosas firmas se buscó criminalizar a los humildes padres del niño Miguel Angel López? ¿Por qué en lugar de utilizar todos los abogados del gobierno en lograr la detención de un funcionario municipal panista acusado de pederastia se detiene ilegalmente y se acusa de falsos delitos a nobles estudiantes normalistas de Atequiza que sólo venían a protestar por plazas dignas de trabajo? ¿Por qué?
Emilio el devoto
No son desde luego las leyes un objeto de devoción del gobernador Emilio González Márquez. Es un creyente desde luego, no de las leyes, sino de sus intereses de grupo; y según la Secretaría de Gobernación debe ser exonerado, junto con el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, ya que "no se violó la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público". ¿No?
En el escrito de respuesta que hace Salvador Beltrán del Río Madrid, director general de Asociaciones Religiosas de la Segob, al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados, relativo al donativo para la construcción del Santuario de los Mártires, se notan numerosas contradicciones y una nula disposición en aplicar las leyes:
1.- Beltrán del Río señala que se le pidió conformar una comisión que investigara y determinara las presuntas infracciones en la donación de recursos públicos por el gobernador del estado de Jalisco para la construcción del Santuario de los Mártires cristeros; pero sucede que en lugar de hacerlo sólo vio un ángulo de la ilegalidad y ocultó otro; argumentó que "son sujetos de infracción en las materias reguladas por esta ley sólo las asociaciones religiosas (AR), sus representantes, ministros de culto y asociados". Lo cual es cierto, pero precisamente ese es el punto, ya que Juan Sandoval Iñiguez es un ministro de culto, que preside una fundación que tiene fines religiosos, que indebidamente es registrada como asociación civil (AC) y que actuó de forma ilegal y contrario a los artículos 9 fracción IV y V de la Ley de Asociaciones Religiosas, que prohíbe realizar actos jurídicos y participar en actos de administración. Cabe señalar que en México hay más de 2 mil asociaciones religiosas católicas. Pero, ¿por qué la fundación no se registró como AR? ¿Para evadir la acción de la ley?
2.- Señala Beltrán del Río que "no existe ninguna otra infracción prevista en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, o en otro ordenamiento, que prevea una situación como la planteada en el punto de acuerdo que se contesta". Es cierto. Ese es uno de los vacíos de la ley. Pero luego expresa que "ni esta ley ni su reglamento otorgan facultades a la Secretaría de Gobernación para investigar", lo que es falso. Por lo menos debió documentar y analizar todo el irregular donativo, ya que sí tienen facultades para ello y para la observancia de las leyes y la tutela de derechos de terceros (Art. 3º) ¿No se supone que para evitar irregularidades todas las asociaciones religiosas hasta 1992 deberían dejar de ser asociaciones civiles? La Segob debió haber emitido por lo menos un acuerdo señalando que el donativo era nulo de pleno derecho; no sólo porque así lo señalaba la propia ley (Art. 5º) sino porque era un acto claramente contrario al estado laico (Art. 3º) y que además era notorio el uso del erario público para una AR. No era dinero del bolsillo del gobernador.
3.- Luego Beltrán del Río responde de forma insólita, como si la Fundación pro Construcción del Santuario de los Mártires cristeros no fuera católica, pues la define como de los "mártires mexicanos" –de la que ni por curiosidad pide información–, pues deduce que "no tiene competencia" y da a suponer que dicha fundación construye templos para todas la religiones y todos los mártires (seguramente incluyendo a los mártires evangélicos que en número superan con creces a los cristeros, que sin tomar las armas han muerto como resultado de la intolerancia religiosa). Pues en efecto sostiene que: "tal como se advierte de la información que es del dominio público, la transferencia de recursos efectuada por el gobierno de Jalisco no fue hecha en favor de una AR sino a una AC, habida cuenta de lo cual, no es factible aseverar jurídicamente la existencia de un trato inequitativo a favor de una AR, ni sostener la competencia de la Secretaría de Gobernación para investigar este tipo de hechos."
¡¿Cómo ven?! Entonces, ¡¿para qué existe esa dependencia de asuntos religiosos?! ¿Para asuntos no religiosos? Esto es para Ripley.
Finalmente, en el marco del legalismo impune, señala: "es de colegirse que la Segob carece de atribuciones para conformar una comisión que investigue y determine las presuntas infracciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, por lo que hace a la donación de recursos públicos efectuada por el gobierno de Jalisco a una asociación civil para la construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos." En otras palabras, como dicen a veces, el delito no es robar sino que te encuentren robando. Así es la legalidad en México.
El poder de los judiciales
Ahora viene el carpetazo del Poder Judicial de la Federación a los amparos presentados contra el limosnazo y que en otro momento comentaremos.
Sin embargo, con todo, lo logrado hasta ahora ha sido un inobjetable triunfo de la sociedad civil de Jalisco. Enhorabuena al Movimiento ciudadano por la defensa del dinero público y el Estado laico y a los miles de ciudadanos que se inconformaron.
http://www.lajornadajalisco.com.mx/2008/06/30/index.php?section=opinion&article=008a1pol
ESTO QUE HAS VISTO, DIFUNDELO.......
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