Domingo 27 de Septiembre del 2009
Debe ser difícil vivir afectado por traumas y mecanismos de represión psicológica. Por ello apelo en esta ocasión a que se maticen las severas críticas que se han hecho a los funcionarios de la Secretaría de Educación de Guanajuato, por su intentona de borrar de los libros de biología del primer año de educación media-superior los temas relativos a la sexualidad de los adolescentes.
Desde esta perspectiva, tienen completa razón quienes afirman que deben renunciar tanto el secretario de Educación de Guanajuato, Alberto Diosdado, como sus empleados que decidieron que los jóvenes de Guanajuato no deben conocer científicamente la anatomía y fisiología de su aparato reproductivo; sin embargo, apelando una vez más a la comprensión y solidaridad, la aceptación de su renuncia debería estar acompañada de un pase urgente para recibir atención especializada de un psiquiatra.
Hay otras recomendaciones que deben hacerse al Gobierno del estado de Guanajuato, comenzando por el titular del Ejecutivo. En primer lugar, sus asesores deberían sugerirle que lea y se entere de que México es signatario de organismos internacionales mediante los cuales se ha comprometido a cumplir cabalmente con los derechos humanos.
Entre estos instrumentos, algún asesor responsable, debería informarle al gobernador Oliva que hay uno que lleva por nombre Convención de los Derechos del Niño. Esta Convención tiene mecanismos de seguimiento, a través del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, el cual cuenta con un Comité llamado “Comité de los Derechos del Niño”.
Dicho Comité revisó el Informe que el Gobierno mexicano está obligado a hacer cada cinco años en cumplimiento del mandato de la Convención, y entregó al Estado mexicano unas Observaciones Finales en junio de 2006; empero, como el Gobierno del estado está sumamente ocupado en expropiar tierras a campesinos para hacer negocios poco claros, seguramente no han tenido tiempo de leerlas.
Con el único afán de contribuir a que se equivoquen menos en el Gobierno de Guanajuato, destaco que en esas Observaciones, en su numeral 50, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos le dice al Estado mexicano lo siguiente: “Si bien observa una reducción del número de embarazos entre adolescentes, el Comité sigue preocupado por la prevalencia de los suicidios en las comunidades indígenas, el alto número de embarazos y enfermedades de transmisión sexual entre adolescentes, y la inexistencia de programas para promover la salud sexual y reproductiva, así como la salud mental”·
En función de esta preocupación, el Comité de los Derechos del Niño recomienda al Estado mexicano, que “Mejore la educación de los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva, especialmente en las escuelas, con miras a reducir la incidencia de los embarazos y de las enfermedades de transmisión sexual entre los adolescentes y proporcione a las adolescentes embarazadas la asistencia necesaria y acceso a la atención y la educación sanitarias”.
Sin embargo, como para El Yunque y sus fanáticos no hay más derecho que el que se deriva de torcidas interpretaciones de lecturas religiosas, desconocen que las convenciones son, por determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, parte de la legislación nacional, con rango de mandato constitucional.
Lo interesante de este caso, una vez más, es el silencio de órganos como la Cámara de Diputados o el Senado de la República, quienes han omitido su responsabilidad de hacerle notar al Gobernador de Guanajuato, que con la distribución de los libros mediante los cuales pretende enseñársele a los jóvenes que el mejor método anticonceptivo es la abstinencia, que no deben usar condón porque es pecado, y que si no llegan vírgenes al matrimonio literalmente valen menos, se están violando flagrantemente los derechos humanos, y al mismo tiempo se está atentando contra los principios establecidos en la Ley General de Salud, en la Ley General de Desarrollo Social y en la Ley de Asistencia Social.
Se supone que al jurar el cargo, los funcionarios se comprometen a cumplir y a hacer cumplir la Constitución y sus leyes, y en este caso, como se trata de “simples derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes”, en el Congreso, el tema les ha pasado de noche y se han abstenido de generar un debate, que no vaya a ser que entorpezca negociaciones y temas que sí consideran importantes.
Otros silencios interesantes son los de la Procuraduría estatal de los Derechos Humanos y el del Congreso local, en donde no han sido capaces de emitir posiciones relevantes al respecto; lo que hace parecer que en esas instituciones trabajan más los empleados del Gobernador, que legítimos representantes de la ciudadanía.
El problema de fondo, una vez más, es el incumplimiento de los derechos humanos de los jóvenes, para quienes ni el gobierno federal ni los de los estados, cuentan con políticas ni programas diseñados para el pleno cumplimiento de las garantías que la Constitución les otorga.
Unicef sostiene que la atención que ponen los gobiernos en la protección y cumplimiento de los derechos de los niños es una evidencia de sus valores y prioridades. Con esta anotación, de verdad es preocupante ver en las manos de quién estamos.
sarellano@ceidas.org
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