MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de ser aprobada por la Cámara de
Diputados, el Senado y –apenas en abril pasado– por la mayoría de los
congresos estatales, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario
Oficial de la Federación las modificaciones al artículo 24
constitucional –la puntilla al juarismo, según el especialista Elio
Masferrer Kan–, que hacen referencia a la libertad religiosa, de
conciencia y de convicciones éticas, y establece que los actos de culto
no deberán ser utilizados para fines políticos.
Cristianos durante una participación en el Zócalo capitalino.
Foto: Alejandro Saldívar
El decreto, que entrará en vigor el próximo sábado 20, dispone que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar la de su agrado.
La libertad “incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”, puntualiza.
Añade:
“Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.
En un reportaje publicado por la revista Proceso en su edición 1912, el especialista Elio Masferrer Kan se refirió a las modificaciones al artículo 24 constitucional, las cuales, dijo, implican un retroceso histórico de 150 años, debido a que dan al traste con la vocación laica del Estado mexicano.
Según el experto en las religiones y profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la reforma representa un verdadero riesgo, sobre todo en lo relativo a la libertad religiosa, pues una de sus derivaciones –la libertad de conciencia– podría convertirse en un arma política que la jerarquía católica podría utilizar en su beneficio.
No obstante, la modificación al artículo 24 constitucional fue una promesa que, desde su campaña por la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto hizo a la Iglesia católica, que con ese cambio podrá impartir instrucción religiosa en las escuelas públicas, acceder a cargos de elección popular y poseer medios de comunicación masiva, entre otros derechos que anteriormente se le negaban.
Antes de que Peña Nieto promulgara dicha reforma, se empezó a preparar a la opinión pública con manifestaciones religiosas que algunos gobernadores y presidentes municipales realizaron durante sus actos públicos, como ensayo de lo que serán las nuevas relaciones entre la Iglesia y el Estado mexicano.
Por ejemplo, los gobernadores de Chihuahua y Veracruz, César Duarte y Javier Duarte, respectivamente, “consagraron” sus respectivas entidades al Sagrado Corazón de Jesús, mientras que la alcaldesa de Monterrey, Margarita Alicia Arellanes, entregó las llaves de la ciudad a Jesucristo. Lo mismo hicieron los alcaldes de Ensenada, Baja California; Guadalupe, Nuevo León, y Ciudad Benito Juárez, Nuevo León.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=347816
Foto: Alejandro Saldívar
El decreto, que entrará en vigor el próximo sábado 20, dispone que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar la de su agrado.
La libertad “incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”, puntualiza.
Añade:
“Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.
En un reportaje publicado por la revista Proceso en su edición 1912, el especialista Elio Masferrer Kan se refirió a las modificaciones al artículo 24 constitucional, las cuales, dijo, implican un retroceso histórico de 150 años, debido a que dan al traste con la vocación laica del Estado mexicano.
Según el experto en las religiones y profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la reforma representa un verdadero riesgo, sobre todo en lo relativo a la libertad religiosa, pues una de sus derivaciones –la libertad de conciencia– podría convertirse en un arma política que la jerarquía católica podría utilizar en su beneficio.
No obstante, la modificación al artículo 24 constitucional fue una promesa que, desde su campaña por la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto hizo a la Iglesia católica, que con ese cambio podrá impartir instrucción religiosa en las escuelas públicas, acceder a cargos de elección popular y poseer medios de comunicación masiva, entre otros derechos que anteriormente se le negaban.
Antes de que Peña Nieto promulgara dicha reforma, se empezó a preparar a la opinión pública con manifestaciones religiosas que algunos gobernadores y presidentes municipales realizaron durante sus actos públicos, como ensayo de lo que serán las nuevas relaciones entre la Iglesia y el Estado mexicano.
Por ejemplo, los gobernadores de Chihuahua y Veracruz, César Duarte y Javier Duarte, respectivamente, “consagraron” sus respectivas entidades al Sagrado Corazón de Jesús, mientras que la alcaldesa de Monterrey, Margarita Alicia Arellanes, entregó las llaves de la ciudad a Jesucristo. Lo mismo hicieron los alcaldes de Ensenada, Baja California; Guadalupe, Nuevo León, y Ciudad Benito Juárez, Nuevo León.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=347816
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margarita arellanes
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