Domingo 26 de agosto del 2012
En la Nueva Jerusalén, Turicato, Michoacán, no hay escuela pública, porque los videntes locales recibieron la orden de la Virgen del Rosario de destruirla
En la Nueva Jerusalén, Turicato, Michoacán, no hay escuela pública, porque los videntes locales recibieron la orden de la Virgen del Rosario de destruirla. "Es cosa del diablo" señalaron y con picos y palas acabaron con la primaria y la telesecundaria. Las autoridades, municipales, estatales y federales siguen privilegiando la negociación con los fanáticos, como indica el propio reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas, por encima de las normas legales y constitucionales que garantizan el derecho a la educación a todos los niños y adolescentes de México. Además de la impotencia de las autoridades "competentes", el caso permite apreciar la ambigüedad del concepto y los límites de la libertad religiosa. Aquí se puede apreciar claramente por qué el deseo de los padres de educar a sus hijos en la religión y moral de su preferencia no se debe de traducir en la introducción de la religión a la escuela pública, la cual debe permanecer laica y gratuita.
Hay una enorme paradoja en todo esto: los habitantes de la Nueva Jerusalén, que conforman una secta tradicionalista católica, surgieron a pesar de y en contra de las posiciones y autoridad del Obispo local y el Episcopado católico. Son, en pocas palabras, una bola de fanáticos azuzados por un sacerdote despojado oficialmente de su ministerio y una monja vidente. La paradoja radica en que su visión de la libertad religiosa es la defendida por los obispos (después de todo, si no quieren educación laica, según los obispos ellos tendrían derecho a rechazarla), los cuales tampoco son admitidos como autoridad en la comunidad. Los habitantes de la Nueva Jerusalén han vivido alejados del mundo, ante la indiferencia de las autoridades e imponiendo una ley religiosa por encima de la civil a todos sus habitantes. La ley de los hombres no valió durante décadas en ese poblado y ningún presidente municipal, ningún gobernador y ningún secretario de Gobernación federal quiso o pudo intervenir. Después de todo, era muy difícil imponer la ley civil a una comunidad que aparentemente no la quería. Todo contacto con el exterior era mediatizado por sus líderes religiosos e incluso los votos y afiliaciones políticas se decidían desde arriba. Mientras el pensamiento único prevalecía, los problemas se ocultaban; los intentos de disidencia terminaban con el castigo o la expulsión, siempre ante la pasividad de las autoridades; la República no ha llegado a ese rincón del territorio. La ruptura de dicho orden no llegó porque alguna autoridad hubiera decidido que era hora de que todos se sujetaran a la Constitución y las leyes mexicanas, sino a la inevitable descomposición de la unidad y al surgimiento de disidencias dentro de la secta.
Con lo que está sucediendo en la Nueva Jerusalén queda claro por qué tantas legislaturas de diversas entidades de la República están rechazando la aprobación del nuevo artículo 24 de la Constitución, aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado. Es claro que no se quiere introducir un concepto que es a todas luces ambiguo y puede acarrear retrocesos en las libertades de los mexicanos. La gran mayoría de iglesias y fieles de éstas consideran que su libertad religiosa está garantizada con el vigente artículo 24 y no entienden la terquedad del Episcopado católico o de sus acólitos políticos en introducir conceptos equívocos que generen eventualmente ambiguos derechos y afecten libertades esenciales, como es la de recibir una educación basada en conocimientos científicos.
El problema es que todo esto nos remite también a la cuestión de las soberanías; o prevalece la soberanía divina, interpretada por los líderes religiosos, o se impone la del Estado, plasmada en la imposición de la Constitución y las leyes de México. Así por ejemplo, como los dirigentes religiosos y muchos padres de familia de la Nueva Jerusalén no desean una educación científica, no han facilitado el establecimiento de escuelas laicas en la comunidad. Gracias a la ausencia de autoridades civiles que estén dispuestas a imponer la ley, la mayoría de los niños de la Nueva Jerusalén ha escapado a la enseñanza laica y científica; allí lo que cuenta es la enseñanza religiosa. Pero el problema es todavía mayor, pues ante la presencia de disidentes, quienes seguramente no son menos religiosos, aunque quieran una educación pública, laica y gratuita para sus hijos, los dirigentes de facto de la Nueva Jerusalén decidieron que su libertad religiosa tenía que imponerse por la fuerza y que los disidentes no podían tener el derecho a escoger la educación de sus hijos; así que, por instrucciones de la Virgen del Rosario, destruyeron las escuelas. Permitir la existencia de la educación laica era permitir otra soberanía y otra autoridad distinta a la suya. Estamos mucho más allá de que cada quien pueda educar a sus hijos en la religión de su preferencia, pero no en la escuela pública, sino en su casa o en su templo. El caso de Nueva Jerusalén muestra claramente que la libertad religiosa tiene límites y éstos se establecen de manera igualmente nítida por los tratados internacionales: son el orden público y los derechos de terceros. Todo lo cual se expresa, en México, a través de las leyes y la Constitución.
Fuente: http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?tipo=1&id=34747
En la Nueva Jerusalén, Turicato, Michoacán, no hay escuela pública, porque los videntes locales recibieron la orden de la Virgen del Rosario de destruirla
En la Nueva Jerusalén, Turicato, Michoacán, no hay escuela pública, porque los videntes locales recibieron la orden de la Virgen del Rosario de destruirla. "Es cosa del diablo" señalaron y con picos y palas acabaron con la primaria y la telesecundaria. Las autoridades, municipales, estatales y federales siguen privilegiando la negociación con los fanáticos, como indica el propio reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas, por encima de las normas legales y constitucionales que garantizan el derecho a la educación a todos los niños y adolescentes de México. Además de la impotencia de las autoridades "competentes", el caso permite apreciar la ambigüedad del concepto y los límites de la libertad religiosa. Aquí se puede apreciar claramente por qué el deseo de los padres de educar a sus hijos en la religión y moral de su preferencia no se debe de traducir en la introducción de la religión a la escuela pública, la cual debe permanecer laica y gratuita.
Hay una enorme paradoja en todo esto: los habitantes de la Nueva Jerusalén, que conforman una secta tradicionalista católica, surgieron a pesar de y en contra de las posiciones y autoridad del Obispo local y el Episcopado católico. Son, en pocas palabras, una bola de fanáticos azuzados por un sacerdote despojado oficialmente de su ministerio y una monja vidente. La paradoja radica en que su visión de la libertad religiosa es la defendida por los obispos (después de todo, si no quieren educación laica, según los obispos ellos tendrían derecho a rechazarla), los cuales tampoco son admitidos como autoridad en la comunidad. Los habitantes de la Nueva Jerusalén han vivido alejados del mundo, ante la indiferencia de las autoridades e imponiendo una ley religiosa por encima de la civil a todos sus habitantes. La ley de los hombres no valió durante décadas en ese poblado y ningún presidente municipal, ningún gobernador y ningún secretario de Gobernación federal quiso o pudo intervenir. Después de todo, era muy difícil imponer la ley civil a una comunidad que aparentemente no la quería. Todo contacto con el exterior era mediatizado por sus líderes religiosos e incluso los votos y afiliaciones políticas se decidían desde arriba. Mientras el pensamiento único prevalecía, los problemas se ocultaban; los intentos de disidencia terminaban con el castigo o la expulsión, siempre ante la pasividad de las autoridades; la República no ha llegado a ese rincón del territorio. La ruptura de dicho orden no llegó porque alguna autoridad hubiera decidido que era hora de que todos se sujetaran a la Constitución y las leyes mexicanas, sino a la inevitable descomposición de la unidad y al surgimiento de disidencias dentro de la secta.
Con lo que está sucediendo en la Nueva Jerusalén queda claro por qué tantas legislaturas de diversas entidades de la República están rechazando la aprobación del nuevo artículo 24 de la Constitución, aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado. Es claro que no se quiere introducir un concepto que es a todas luces ambiguo y puede acarrear retrocesos en las libertades de los mexicanos. La gran mayoría de iglesias y fieles de éstas consideran que su libertad religiosa está garantizada con el vigente artículo 24 y no entienden la terquedad del Episcopado católico o de sus acólitos políticos en introducir conceptos equívocos que generen eventualmente ambiguos derechos y afecten libertades esenciales, como es la de recibir una educación basada en conocimientos científicos.
El problema es que todo esto nos remite también a la cuestión de las soberanías; o prevalece la soberanía divina, interpretada por los líderes religiosos, o se impone la del Estado, plasmada en la imposición de la Constitución y las leyes de México. Así por ejemplo, como los dirigentes religiosos y muchos padres de familia de la Nueva Jerusalén no desean una educación científica, no han facilitado el establecimiento de escuelas laicas en la comunidad. Gracias a la ausencia de autoridades civiles que estén dispuestas a imponer la ley, la mayoría de los niños de la Nueva Jerusalén ha escapado a la enseñanza laica y científica; allí lo que cuenta es la enseñanza religiosa. Pero el problema es todavía mayor, pues ante la presencia de disidentes, quienes seguramente no son menos religiosos, aunque quieran una educación pública, laica y gratuita para sus hijos, los dirigentes de facto de la Nueva Jerusalén decidieron que su libertad religiosa tenía que imponerse por la fuerza y que los disidentes no podían tener el derecho a escoger la educación de sus hijos; así que, por instrucciones de la Virgen del Rosario, destruyeron las escuelas. Permitir la existencia de la educación laica era permitir otra soberanía y otra autoridad distinta a la suya. Estamos mucho más allá de que cada quien pueda educar a sus hijos en la religión de su preferencia, pero no en la escuela pública, sino en su casa o en su templo. El caso de Nueva Jerusalén muestra claramente que la libertad religiosa tiene límites y éstos se establecen de manera igualmente nítida por los tratados internacionales: son el orden público y los derechos de terceros. Todo lo cual se expresa, en México, a través de las leyes y la Constitución.
Fuente: http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?tipo=1&id=34747
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