Martes 24 de julio del 2012
Videla habló con una revista de Córdoba sobre la complicidad de la Iglesia Católica con la dictadura militar. El rol de Laghi y Primatesta y el testimonio de un ex sacerdote.
No sólo asesoraron a la Junta sobre cómo manejar la cuestión de los detenidos-desaparecidos. También le ofrecieron sus “buenos oficios” para informar a algunas familias del asesinato de sus hijos garantizando que no lo hicieran público. Se comprende por qué hasta hoy la Iglesia no ha excomulgado a Videla.
El ex dictador Jorge Videla dijo que el ex nuncio
apostólico Pío Laghi, el ex presidente de la Iglesia Católica de la
Argentina Raúl Primatesta, y otros obispos de la Conferencia Episcopal
asesoraron a su gobierno sobre la forma de manejar la situación de las
personas detenidas-desaparecidas. Según Videla la Iglesia “ofreció sus
buenos oficios” para que el gobierno de facto informara de la muerte de
sus hijos a familias que no lo hicieran público, de modo que cesaran la
búsqueda.
Esto confirma el conocimiento de primera mano que esa
institución tenía sobre los crímenes de la dictadura militar, como
consta en los documentos secretos cuya autenticidad el Episcopado
reconoció ante la justicia hace dos meses. Pero además muestra un
involucramiento episcopal activo para que esa información no
trascendiera tampoco por comentarios de los familiares de las víctimas,
de cuyo silencio la Iglesia era garante.
Diálogos en la cárcel
El reportaje con la revista cordobesa El Sur, que edita en Río Cuarto
Hernán Vaca Narvaja, se realizó antes de los concedidos al periodista
español Ricardo Angoso y al argentino Ceferino Reato, pero sólo se
divulgó esta semana. Fue realizado en tres partes por el periodista
Adolfo Ruiz, en la cárcel de alta seguridad de Bouwer, donde el ex jefe
de la Junta Militar estuvo detenido entre el 26 de junio y el 23 de
diciembre de 2010, mientras se extendieron las audiencias del juicio por
los crímenes de lesa humanidad cometidos en la cárcel de Córdoba
conocida como UP1. Videla fue condenado en ese proceso a prisión
perpetua por los asesinatos de 31 prisioneros dentro de la cárcel o
mediante fraguados intentos de rescate en ocasión de traslados. Videla
recibió a Ruiz el 6 y el 13 de agosto y el 18 de octubre de 2010 en el
locutorio de la cárcel de Bouwer, cuyos dos mil internos superan el
número de pobladores de esa pequeña ciudad, que hasta hace dos años fue
el depósito de los residuos domiciliarios de Córdoba. Antes de comenzar
puso como condición que sus palabras recién se difundieran cuando dejara
la provincia, como consta en la carta manuscrita que se reproduce aquí.
Como en aquellas otras entrevistas y en sus alegatos judiciales,
Videla justificó el plan que aplicó la Junta Militar por los “decretos
de aniquilación” firmados por el ex presidente interino Italo Luder, que
constituyeron “una licencia para matar concedida por un gobierno
democrático”. Cuando el periodista le inquirió si esa licencia incluía
las torturas, el robo de bebés y el saqueo de los bienes de las
víctimas, dijo que
esas “bajezas humanas” se debieron al gran “poder y
libertad de acción otorgados al Ejército”, situación en la cual “es
inevitable que muchos utilicen esas libertades en beneficio propio”.
Agregó que con los juicios él y sus camaradas pagan el costo de “no
haber blanqueado” los métodos dispuestos entonces. Videla sostiene que
“hacia el final de mi mandato, entre el ’80 y el ’81, se llegó a evaluar
la posibilidad de publicar la lista, blanquear los desaparecidos”.
Explica que “no era tan fácil, porque además íbamos a estar expuestos a
la contra pregunta. Si a una madre le decíamos que su hijo estaba en la
lista, nadie le impediría que preguntara ¿dónde está enterrado, para
llevarle una flor? ¿quiénes lo mataron? ¿por qué? ¿cómo lo mataron? No
había respuestas para cada una de esas preguntas, y creímos que era
embochinchar más esa realidad, y que sólo lograríamos afectar la
credibilidad. Entonces en ese momento no se quiso correr ese riesgo”. El
razonamiento es idéntico al que Videla suministró a la Comisión
Ejecutiva del Episcopado, cuando los obispos le transmitieron que el
método de la desaparición de personas produciría a la larga “malos
efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”. Pero la fecha
es muy anterior a la que menciona el dictador. Ese diálogo tuvo lugar el
10 de abril de 1978 durante un almuerzo de Videla con la Comisión
Ejecutiva del Episcopado, que presidía el arzobispo de Córdoba
Primatesta y que también integraban los arzobispos de Santa Fe y de la
Capital Federal, Vicente Zazpe y Juan Aramburu, como vicepresidentes.
Primatesta hizo referencia a las desapariciones producidas durante la
Pascua de 1978, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando
secuestraron a las dos religiosas francesas”. Videla respondió que
“sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de
pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero
aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de
preguntas sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso,
¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad
del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre
personas”, es decir para proteger a los secuestradores y asesinos.
El
detalle de este diálogo consta en una minuta que los tres arzobispos
redactaron en la sede del Episcopado en cuanto concluyó el almuerzo para
enviarla al Vaticano. La autenticidad de ese texto fue reconocida por
la Conferencia Episcopal, que hoy preside el arzobispo de Santa Fe, José
Arancedo, ante una consulta de la jueza federal de San Martín, Martina
Forns, luego de su publicación aquí. Pero en el reportaje con El Sur,
Videla describe un grado de complicidad de la Iglesia Católica con los
crímenes de su gobierno superior a lo que se conocía y con un carácter
institucional que comprende tanto al Episcopado local como a la sede
central en Roma. No se trata sólo de callar lo que sabían para no “hacer
daño al gobierno”, como dijo Primatesta aquel día de 1978, sino incluso
de asesorar a la Junta Militar y garantizar que tampoco los familiares
de las víctimas contaran lo que había ocurrido con sus hijos. Lo que
sigue es la transcripción textual del tramo de la entrevista sobre el
tema:
–No deja de llamar la atención la forma en que se refiere a la
situación de los desaparecidos. Hace sentir que para usted es un tema
pendiente.
–La desaparición de personas fue una cosa lamentable en esta guerra.
Hasta el día de hoy la seguimos discutiendo. En mi vida lo he hablado
con muchas personas. Con Primatesta, muchas veces. Con la Conferencia
Episcopal Argentina, no a pleno, sino con algunos obispos. Con ellos
hemos tenido muchas charlas. Con el nuncio apostólico Pío Laghi. Se lo
planteó como una situación muy dolorosa y nos asesoraron sobre la forma
de manejarla. En algunos casos, la Iglesia ofreció sus buenos oficios, y
frente a familiares que se tenía la certeza de que no harían un uso
político de la información, se les dijo que no busquen más a su hijo
porque estaba muerto.
–No parece suficiente.
–Es que la repregunta es un derecho que todas las familias tienen.
Eso lo comprendió bien la Iglesia y también asumió los riesgos.
Hasta la expresión impersonal escogida por Videla (“se lo planteó”,
“se les dijo”) trasluce la identidad entre Iglesia y Dictadura.
El rol de Laghi
La minuta para el Vaticano también muestra el conocimiento de la
Iglesia sobre el secuestro de las religiosas francesas Alice Domon y
Léonie Duquet. Sin embargo, cuando la superiora de las monjas en la
Argentina, Evelyn Lamartine, y la religiosa Montserrat Bertrán
recurrieron a Laghi, el nuncio las miró “como si fuéramos bichos
asquerosos, y nos dijo: ‘Nosotros no sabemos nada, por algo habrá sido’.
Montse se arrodilló y le rogó que hiciera algo. El se la sacó de
encima, instintivamente, describe Evelyn, que entonces pensó: ‘Dios no
se olvida de lo que dijiste’”. Su testimonio fue recogido por María
Arce, Andrea Basconi y Florencia Bianco, cuya investigación fue
publicada por Clarín en 2007. Un obispo y una madre superiora llegaron
desde Francia para interesarse por Alice y Léonie, pero Primatesta
ordenó desmentirlo y explicar que sólo venían a pasar Navidad. En 1995,
bajo la conmoción de las revelaciones del ex capitán Adolfo Scilingo
sobre el asesinato de prisioneros arrojados al mar, la esposa del
secuestrado periodista Julián Delgado, María Ignacia Cercós, contó que
el Comandante en Jefe de la Armada Armando Lambruschini consultó con
Laghi acerca del destino de 40 detenidos-desaparecidos en la ESMA, que
su antecesor, Emilio Massera, le había entregado al retirarse.
Lambruschini no quería matarlos pero temía que si los dejaba en libertad
contaran lo padecido en la ESMA, tal como ocurrió, y le preguntó a
Laghi qué hacer. Según Cercós, el concimiento de Laghi sobre lo que
sucedía en aquel campo de concentración llegaba hasta la nómina de los
prisioneros que aún quedaban con vida. Ante el pedido de María Ignacia,
Laghi consultó esa lista y “me dijo que Julián no estaba entre ellos.
Quiere decir que tenía pleno acceso a la información”. En aquel momento,
el propio Massera defendió a Laghi de tales “noticias calumniosas” y
dijo que se preocupó en forma permanente por la suerte de “los llamados
desaparecidos”. El problema es que Laghi había elegido la estrategia
opuesta: negar que hubiera conocido la índole y la extensión de las
violaciones a los derechos humanos. Dijo que “no tenía ni micrófonos ni
espías que fuesen a los cuarteles a ver lo que los militares hacían”.
Sus amigos Oscar Justo Laguna (quien al morir este año estaba procesado
por la justicia federal de San Nicolás, por haber mentido en su
testimonio sobre el asesinato de su colega Carlos Horacio Ponce de
León), Alcides Jorge Pedro Casaretto, Carlos Galán, Domingo Castagna y
Emilio Bianchi di Carcano sostuvieron que declaraciones como la de María
Ignacia Cercós podrían “reinstalar entre nosotros no ya la violencia de
las armas sino la de la venganza”. La esposa de Julián Delgado dijo
entonces que durante años estuvo agradecida a Laghi por sus gestiones.
“Pero ahora sé que no puedo perdonarle su silencio cómplice. Me siento
un monstruo por haber escuchado esas cosas sin reaccionar.” El propio
jefe máximo de aquella Junta Militar, sin el menor asomo de crítica,
confirma tres décadas después el asesoramiento de Laghi sobre el secreto
más horrendo y peor guardado de la dictadura.
La Eucaristía
Recuerdos coincidentes tienen muchos sacerdotes que en aquellos años
frecuentaron a Laghi. Uno de ellos, Hugo Collosa, de Rafaela, le narró
al periodista Carlos del Frade que Laghi visitó esa ciudad santafesina
luego de la muerte de su obispo, Antonio Alfredo Brasca, incendiado por
un cáncer en 1976. La enfermedad se adelantó a las Fuerzas Armadas, que
lo tenían en su lista corta de aversiones. En el Obispado se reunían las
agrupaciones laicas que militaban en los barrios más humildes y las del
peronismo revolucionario, que tenían algunos miembros en común, entre
ellos un sacerdote. Brasca se había manifestado en apoyo del movimiento
de Sacerdotes por el Tercer Mundo junto con los obispos Enrique
Angelelli, Ponce de León y Alberto Devoto. “Laghi vino a maltratarnos”,
dice Collosa, quien ya no es sacerdote. “No tenía ninguna intención de
discutir el perfil del nuevo obispo ni mucho menos que se siguiera la
línea de Brasca. Lo llevamos a almorzar en un comedor para chicos de la
ciudad y allí, a varios sacerdotes, nos contó de los vuelos de la
muerte, de los secuestros, las desapariciones y las torturas. Es decir
que ellos ya sabían lo que estaba pasando con lujo de detalles desde
mucho antes que 1978. Y hablaba con fundamento de lo que hacía cada una
de las tres armas. Nosotros ya habíamos sufrido el secuestro del padre
Raúl Troncoso que militaba en barrio Fátima, y estábamos muy
preocupados. Después lo mandaron a Cassaretto que hizo una pastoral
totalmente distinta a la de Brasca y bien cercana a los sectores
dominantes de la ciudad”. La primera entrevista de Videla con el
periodista cordobés se interrumpió cuando lo trasladaron al Hospital
Militar para tratarse de una incipiente bronquitis. Formaba parte de la
comitiva que buscó a Videla “un hombre canoso que venía, cáliz y alba en
mano, a darle la Eucaristía”.
Es decir que pese a las sucesivas
condenas por los más graves delitos, la Iglesia Católica no consideró
necesario excomulgarlo, pena eclesiástica que impide la recepción de los
sacramentos y se aplica a los pecados graves. El no considerar como
tales los delitos de Videla certifica la prolongación en el tiempo de la
complicidad eclesiástica con ellos.
Escrito por: Horacio Verbitsky
Periodista Página/12
Fuente:
http://www.lr21.com.uy/politica/1049714-la-complicidad-de-iglesia-catolica-y-dictadura-en-argentina
