Susana Mariscal/SIPSE
CANCÚN, Q.Roo.- La reforma al Artículo 24 constitucional que
apunta a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de
religión, aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados en marzo
pasado, tiene a una asamblea legislativa y 31 legislaturas locales,
entre ellas la de Quintana Roo,
agrupaciones religiosas, abogados y asociaciones civiles, en amplio
debate y contradicciones, y en entredicho el espíritu de la educación
laica.
El 24 constitucional señala en su
modificación que "Toda persona tiene derecho a la libertad de
convicciones éticas, de conciencia y de religión y a tener o adoptar, en
su caso la de su agrado", así como la libertad de participar individual
o colectivamente en ceremonias, devociones o actos de culto siempre que
no constituyan un delito y que no se utilicen los actos públicos
religiosos con fines de propaganda política, dejando en claro que los
actos religiosos que se celebren fuera de los templos serán sujetos a la
ley reglamentaria.
Junto con el 24 se reformó el Artículo 40 donde se remarca que México es
un Estado laico, para dar certeza de que la modificación al 24 no
pondría en riesgo a la educación laica. Sin embargo, para convertirla en
ley federal 17 congresos estatales deberán darle el visto bueno, algo
que está en veremos porque de los 31 estados y el Distrito Federal, en
11 ya la rechazaron.
Como ejemplo de
contradicciones está el gobierno de Baja California, de fracción
panista, el cual rechazó la reforma del 24, mientras que en Quintana Roo
el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, Baltazar Tuyub Castillo, dejó en claro que aceptarán la reforma.
En
el caso del Estado de México, de fracción priísta, fue aprobada. Sin
embargo, Eduardo Espinosa Abuxapqui, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y presidente de la Gran Comisión del Congreso local, adelantó que
cuando pase a discusión en septiembre próximo su postura está definida:
un rotundo no.
El obispo de la Prelatura
Cancún-Chetumal, monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, consideró que
hay una falsa idea de que la reforma al Artículo 24 lleve la intención
de beneficiar a la Iglesia Católica, y por ello la rechazan.
De
no tener la aprobación entonces estaría abierto a que cada autoridad y
gobierno hicieran su interpretación y aplicación a la libertad
religiosa, al no tener preciso los límites y derechos de las
agrupaciones religiosas, dijo Elizondo Cárdenas.
Asociaciones
civiles como México Laico y agrupaciones religiosas contrarias al
catolicismo como la Iglesia Adventista, la Luz del Mundo y la
Presbiteriana, se han manifestado en contra, porque de aprobarse esta
reforma en un futuro permitiría la impartición de la religión católica
en escuelas públicas y en dependencias de gobierno, porque no están
tomando en cuenta una revisión y reformas en artículos relacionados al
24 como son el 3, sobre la laicidad en la educación; el 5 sobre el
menoscabo, pérdida o sacrificio de la libertad de la persona por
cualquier causa; el 27 se refiere a las propiedades y bienes otorgados
por la nación, pues además de la religión en la educación otro temor era
darle espacios en medios de comunicación a la Iglesia preponderante; y
por último, el 130, sobre la separación Iglesia-Estado y que las
agrupaciones religiosas tendrían que apegarse a la ley.
El
coordinador de Derecho de la Universidad La Salle, Miguel Ángel Pech
Cen, consideró que no hay ningún riesgo ni a favor ni en contra para la
educación de la inclusión de la religión, "no hay los elementos para
fundamentarlo".
El jurista indica que como se
encuentra el 24 no es necesaria una modificación, porque por ello hay
una Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Han
transcurrido dos años desde que fue puesto en el tintero la reforma al
Artículo 24 constitucional, y es hasta el pasado mes de marzo cuando
finalmente las dos cámaras la aprobaron, pero no se ha dicho la última
palabra con esta reforma para que esté en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y rija a todos los estados.
El debate en Quintana Roo
En
Quintana Roo, a partir de septiembre estará en el ojo del huracán
cuando el Congreso la someta a análisis y la lleve al pleno. Hay un
punto que predomina en este asunto y es el aspecto de hacer un análisis
profundo y tomar en cuenta a todas las partes con las aportaciones de
estudiosos e investigadores del tema, aunque mientras en el Congreso
señalan haber sostenido encuentros con representantes de varios grupos
religiosos, ni la Iglesia Católica ni la Adventista y Presbiteriana han
sido convocados.
Legisladores, líderes
religiosos, juristas y asociaciones señalan que son unas palabras
"derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de
religión" las que han causado que esta modificación de ley se haya
vuelto polémica y a su vez se politizara como hoy en día está
sucediendo.
Las opiniones en torno a esta ley
están divididas, hay quienes consideran que es necesaria la
modificación, como fue el caso de su promotor, el legislador federal,
José Ricardo López Pescador, porque con ello México homologaría su
constitución a los pactos y tratados internacionales.
Pero
antes de esta modificación en 1990, el diputado federal de la fracción
perredista, Pablo Gómez Álvarez, presentó una propuesta también de los
artículos 24, 27 y 130; pero la finalidad era evitar el proselitismo
político en el ámbito religioso; lo cual quedó asentado en el tercer
párrafo del artículo; mismo que se aprobó finalmente hasta 1992. Esta
reforma al Artículo 24, desde su presentación causó rispidez porque no
fue aceptada la iniciativa del legislador federal José Ricardo López
Pescador, pues no incluía el tercer párrafo. Pero en el dictamen de la
comisión de Puntos Constitucionales se derogaba (anular) el tercer
párrafo que dice: "Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión
de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda
política". Sin embargo, cuando fue aprobado por la Cámara baja y se
remitió al Senado sí se incluyó ese punto.
A
finales de marzo de este año se aprobó también el Artículo 40, donde se
remarcaba que México era un Estado laico, de esta forma se garantizaba
que la reforma del 24 no atentaría en la separación de Iglesia-Estado,
ni tampoco vendría a generar cambios posteriores en otros artículos que
pusieran en riesgo precisamente el Estado laico o darle beneficios a la
religión católica.
Tras su aprobación en ambas
cámaras, se envió a las entidades para obtener su aceptación. En
Puebla, un estado que es considerado como conservador, su Congreso
rechazó la modificación bajo el argumento que violenta el Estado laico y
concede privilegios a la Iglesia Católica, aunque unos diputados
exaltaron que se trata de la libertad religiosa en un concepto más
amplio que el manejado en la actualidad.
Otros
estados que asumieron una postura en contra son Michoacán, Morelos,
Zacatecas, Baja California Sur, Oaxaca, Coahuila y las que sí las han
aceptado son Hidalgo, Estado de México, Durango y Sonora.
La
modificación de este artículo también incluye que "Nadie podrá utilizar
los actos públicos de expresión de esta libertad (de conciencia y de
religión) con fines políticos, de proselitismo o de propaganda
política". Sin embargo, este último aspecto no se mantiene en la mesa
del debate.
