Ciudad de México, 5 de
mayo (SinEmbargo).- El 30 de Abril, previo al puente vacacional que
inició el jueves 1 de mayo y que concluye este lunes, la Asamblea
Legislativa de la capital del país aprobó la llamada Ley de Movilidad
del Distrito Federal, que establece más y mejores alternativas de
movilidad, pero también restringe, a juicio de organizaciones civiles,
de “forma ilegítima” los derechos a la libertad de expresión y reunión.
Por: Redacción / Sinembargo - mayo 5 de 2014 - 0:03
El proyecto de la ley se realizó con 25 iniciativas de las diversas
fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
y tuvo con el consenso de los todos los Grupos Parlamentarios, del Jefe
de Gobierno “y de organizaciones de la sociedad civil que colaboraron
en la construcción de este documento”, según un comunicado de la ALDF.
Marcha contra el silencio, el 23 de abril en la Ciudad de México. Foto: Francisco Cañedo
Hasta ahora, autoridades locales han destacado los beneficios que la ley
traerá en materia de transporte, pero han omitido el tema de las
restricciones que plantea para las movilizaciones ciudadanas.
“Es un logro ciudadano, detrás de esta ley hay personas de carne y hueso
que agradecerán una legislación que construya una ciudad de altura”
afirmó, en el marco de la aprobación, la Vicecoordinadora del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Asamblea
Legislativa, Laura Ballesteros Mancilla.
“Este esfuerzo le pertenece sin duda a los ciudadanos, hoy se concluye
esta primera etapa con la aprobación de la Ley de Movilidad y creo que
hoy le podemos decir a los habitantes del Distrito Federal desde esta
tribuna misión cumplida”, recalcó la Legisladora.
Sin embargo, el pasado sábado, el Frente por la Protesta Social y la
Libertad de Expresión, que agrupa a una docena de organizaciones de la
sociedad civil emitió un comunicado para señalar las “irregularidades”
encontradas en la normatividad, principalmente en las relacionadas con
la protesta social.
De acuerdo con el Frente, conformado por diversas organizaciones como
Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, entre otros, la ley
contiene artículos que interfieren en el ejercicio de la libertad de
expresión, además de términos imprecisos que regulan el derecho a la
protesta social.
Lamentó que al tiempo que “dos iniciativas restrictivas de los derechos
humanos fueron detenidas (Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión y la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional),
otras leyes que restringen de forma ilegítima los derechos a la libertad
de expresión y reunión fueron aprobadas en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y en el Congreso Local de Quintana Roo”.
En el caso de la Ley de Movilidad del DF, cuestionan, principalmente,
los artículos 212, 213 y 214.
En su artículo 212 establece “la necesidad de dar aviso en las
manifestaciones públicas, condicionándolas a que tengan una ‘finalidad
perfectamente lícita’ y prohibiendo la ‘perturbación de la paz y
tranquilidad de la población’”.
Esto, dijeron, deja abiertos y vagos dichos conceptos para su
interpretación discrecional por las autoridades en las manifestaciones,
alejándose de los mínimos indispensables que toda restricción a la
libertad de expresión debe tener.
Señalaron que en ese mismo artículo se condiciona el cumplimiento de las
obligaciones de tutelar el derecho a la manifestación pacífica
únicamente para aquellos que den aviso a las autoridades con una
anticipación de 48 horas, resultando discriminatoria.
“Además, es contrario a lo establecido por el Relator Especial sobre los
derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la
Organización de las Naciones Unidas quien ha señalado que la exigencia
de un aviso o permiso como condición para que las autoridades garanticen
y faciliten el ejercicio de este derecho contraviene los derechos
humanos”.
Las ONGs expresaron en su comunicado que esta Ley de Movilidad en la
capital del país establece además que la Secretaría de Seguridad Pública
puede tomar las medidas necesarias para evitar el bloqueo de vías
primarias de circulación continua.
“El término ambiguo y vago de ‘medidas necesarias’ abre un pernicioso
ámbito de discrecionalidad en la intervención policial, además de que
crea una restricción a este derecho refiriéndola fuera de la ley al
dirigir a un reglamento”, denunciaron.
LOS CAMBIOS SE VERÁN EL METRO
Asambelistas prometen que lso primeros cambios que traerá la ley se
verán reflejados en el Metro. Foto: Cuartoscuro
Otros de los puntos que toca la ley es el de el transporte público y las
vialidades en la capital.
Sobre este punto, la presidenta de la Comisión de Movilidad, Transporte y
Vialidad de la ALDF, Claudia Cortés, aseguró que los primeros
resultados se verán en el Sistema de Transporte Colectivo Metro que ayer
presentó su Proyecto Integral para la Modernización de la estación
Revolución, que ponderará en la accesibilidad universal para personas
con discapacidad, como la guía táctil, la señalización en braille para
débiles visuales y los elevadores.
Dichas obras, según la Legisladora, estarán apegadas al nuevo marco
jurídico y formarán parte del Sistema Integrado de Transporte con
Interconexión, en el que los usuarios se podrán trasladar de manera más
rápida, cómoda y efectiva, así como con calidad.
La nueva Ley de Movilidad prioriza el derecho de toda persona y de la
colectividad a realizar el desplazamiento efectivo de individuos y
bienes, específicamente en la realización de obras de infraestructura
urbana que deberán atender a los principios de accesibilidad universal.
Tal es el caso del Proyecto Integral de Modernización de la estación
Revolución, en la Línea 2 del Metro, que plantea un cambio de imagen
para hacerla más amigable y funcional para los usuarios.
Cortés Quiroz sostuvo que el nuevo marco jurídico representa un avance
significativo, pues sustituye el modelo de transporte y vialidad, ya que
hoy por hoy el nuevo está diseñado para responder de mejor manera a las
necesidades de la población y de sus visitantes.
EXÁMENES A AUTOMOVILISTAS
Otro de los puntos que cambia con la ley es que los automovilistas
deberán acreditar los exámenes o cursos que establezca la Secretaría de
Transportes y Vialidad (Setravi) del Distrito Federal, para obtener su
licencia de conducir.
Las licencias no tendrán una vigencia indefinida sino determinada
[artículo 66] y se cancelarán de manera definitiva cuando su titular
“sea sancionado por segunda vez en un periodo de un año, por conducir un
vehículo en estado de ebriedad” [artículo 67], o por tercera ocasión en
un periodo de tres o más años”.
Esta sanción también se hará efectiva cuando el automovilista cometa
alguna infracción bajo la influencia de alguna droga, se compruebe que
proporcionó información falsa para obtener su licencia o bien si por
negligencia o irresponsabilidad, causa lesiones que pongan en peligro la
seguridad o la vida de los usuarios del vehículo.
La suspensión será temporal si el conductor acumula tres infracciones de
tránsito en el transcurso de un año, cuando haya causado daños a
terceros o a sus bienes sin resarcirlos, cuando sea sancionado por
primera ocasión por conducir un vehículo en estado de ebriedad, en cuyo
caso el infractor queda obligado a someterse a un tratamiento de combate
a las adicciones que determine su rehabilitación en una institución
especializada pública o privada [artículo 68].
Según el artículo 69 de la ley, a ninguna persona se le reexpedirá un
permiso o licencia para conducir si su licencia está suspendida o
cancelada o cuando tenga una incapacidad mental o física que le impida
conducir y no compruebe mediante certificado médico haberse
rehabilitado.
Fuente:
http://www.sinembargo.mx/05-05-2014/982147
