Jueves 30 de agosto del 2012
Por: Armando MAYA CASTRO martes, 28 de agosto de 2012
Lo sucedido en el Congreso de Coahuila con la reforma del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha ocasionado que en muchos estados de la República la ciudadanía desconfíe de la palabra de los diputados y del compromiso de éstos con el Estado laico, el cual ha demostrado ser la mejor garantía para la libertad de conciencia, de creencias y de culto.
Como usted recordará, amable lector, el pasado 7 de junio, todos los diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso coahuilense, a excepción de Simón Hiram Vargas, del Partido Nueva Alianza, votaron un dictamen que rechazaba la reforma del artículo 24 constitucional.
El dictamen que entonces se aprobó, decía: “Por las razones expuestas, esta Legislatura considera no es procedente aprobar el Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia”.
Cuatro diputados del Partido Revolucionario Institucional –integrantes de la citada comisión, que habían votado en contra de la reforma– ya en el pleno cambiaron su voto y parecer, por las “razones” que uno de ellos esgrime: “Tuvimos información negativa, y en ese momento valoramos esa situación, pero al paso de los días tuvimos información más amplia, y bueno, es de humanos cambiar de opinión”, dijo el priísta Ricardo López.
El diputado López Campos no reveló los nombres de las personas y/o grupos que les proporcionaron la información “más amplia” que lo llevó a él y a tres diputados de su bancada a cambiar de opinión; tampoco explica el legislador por qué motivo decidieron no convocar al debate –a partir de esa información– a los sectores sociales que se oponen a la citada modificación legislativa.
Este manejo turbio y de escasa transparencia ha incrementado la desconfianza de la ciudadanía hacia los diputados. Es por ello que en algunas legislaturas estatales, donde se han emitido dictámenes en contra de la reforma del artículo 24 (como es el caso de Nuevo León), las personas y grupos que ven amenazadas sus libertades fundamentales están manifestándose para que no se repita lo sucedido en el estado de Coahuila.
Los habitantes de Nuevo León esperan que el Congreso de esa entidad valide en el pleno el dictamen que ha emitido la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, de acuerdo con el cual se rechaza la reforma del artículo 24 constitucional en los siguientes términos: “No es de aprobarse la minuta con proyecto de decreto enviada al Congreso del estado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión mediante la cual reforma el párrafo primero del artículo 24 de la Constitución”.
Lo mismo se espera en las demás entidades de la República mexicana, donde miles de ciudadanos, haciendo uso de sus derechos, exigen que se preserve inalterable el carácter laico de la educación y del Estado, instituciones que constituyen el legado más importante de Benito Juárez y de los hombres de la Reforma, quienes dedicaron sus mejores años a “crear y transformar instituciones públicas, a incrementar la conciencia ciudadana y a fortalecer el ejercicio de los derechos cívicos”.
Insisto en lo que ya antes había señalado en este mismo espacio: nuestro país está urgido de diputados que amen a México y favorezcan los intereses de la ciudadanía por encima de todo. Necesita legisladores que realicen su trabajo con altura de miras, escuchando las voces ciudadanas y encontrando en ellas su razón de ser, no en su partido, bancada o en alguna línea particular o específica.
Los mexicanos anhelamos esa clase de diputados que hagan su trabajo racionalmente, rechazando la obediencia ciega y sorda que busca satisfacer la cúpula partidista y, pocas veces, los intereses de la población. Necesitamos legisladores como los que tuvo México a mediados del siglo XIX, hombres que procuraron patrióticamente el bien jurídico de la nación por encima de su credo y del bienestar de los líderes religiosos de la Iglesia a la que pertenecían.
México espera que las legislaturas que han aplazado la votación de la reforma del artículo 24 constitucional privilegien por encima de intereses particulares y de grupo los principios y valores del Estado laico, satisfaciendo únicamente las demandas de los y las ciudadanas que representan. ¡No a la reforma del artículo 24 constitucional!
Fuente: http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/editoriales/3/16/editorial/2012/08/28/607093/coahuila-el-caso-que-no-debe-repetirse.aspx
Por: Armando MAYA CASTRO martes, 28 de agosto de 2012
Lo sucedido en el Congreso de Coahuila con la reforma del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha ocasionado que en muchos estados de la República la ciudadanía desconfíe de la palabra de los diputados y del compromiso de éstos con el Estado laico, el cual ha demostrado ser la mejor garantía para la libertad de conciencia, de creencias y de culto.
Como usted recordará, amable lector, el pasado 7 de junio, todos los diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso coahuilense, a excepción de Simón Hiram Vargas, del Partido Nueva Alianza, votaron un dictamen que rechazaba la reforma del artículo 24 constitucional.
El dictamen que entonces se aprobó, decía: “Por las razones expuestas, esta Legislatura considera no es procedente aprobar el Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia”.
Cuatro diputados del Partido Revolucionario Institucional –integrantes de la citada comisión, que habían votado en contra de la reforma– ya en el pleno cambiaron su voto y parecer, por las “razones” que uno de ellos esgrime: “Tuvimos información negativa, y en ese momento valoramos esa situación, pero al paso de los días tuvimos información más amplia, y bueno, es de humanos cambiar de opinión”, dijo el priísta Ricardo López.
El diputado López Campos no reveló los nombres de las personas y/o grupos que les proporcionaron la información “más amplia” que lo llevó a él y a tres diputados de su bancada a cambiar de opinión; tampoco explica el legislador por qué motivo decidieron no convocar al debate –a partir de esa información– a los sectores sociales que se oponen a la citada modificación legislativa.
Este manejo turbio y de escasa transparencia ha incrementado la desconfianza de la ciudadanía hacia los diputados. Es por ello que en algunas legislaturas estatales, donde se han emitido dictámenes en contra de la reforma del artículo 24 (como es el caso de Nuevo León), las personas y grupos que ven amenazadas sus libertades fundamentales están manifestándose para que no se repita lo sucedido en el estado de Coahuila.
Los habitantes de Nuevo León esperan que el Congreso de esa entidad valide en el pleno el dictamen que ha emitido la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, de acuerdo con el cual se rechaza la reforma del artículo 24 constitucional en los siguientes términos: “No es de aprobarse la minuta con proyecto de decreto enviada al Congreso del estado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión mediante la cual reforma el párrafo primero del artículo 24 de la Constitución”.
Lo mismo se espera en las demás entidades de la República mexicana, donde miles de ciudadanos, haciendo uso de sus derechos, exigen que se preserve inalterable el carácter laico de la educación y del Estado, instituciones que constituyen el legado más importante de Benito Juárez y de los hombres de la Reforma, quienes dedicaron sus mejores años a “crear y transformar instituciones públicas, a incrementar la conciencia ciudadana y a fortalecer el ejercicio de los derechos cívicos”.
Insisto en lo que ya antes había señalado en este mismo espacio: nuestro país está urgido de diputados que amen a México y favorezcan los intereses de la ciudadanía por encima de todo. Necesita legisladores que realicen su trabajo con altura de miras, escuchando las voces ciudadanas y encontrando en ellas su razón de ser, no en su partido, bancada o en alguna línea particular o específica.
Los mexicanos anhelamos esa clase de diputados que hagan su trabajo racionalmente, rechazando la obediencia ciega y sorda que busca satisfacer la cúpula partidista y, pocas veces, los intereses de la población. Necesitamos legisladores como los que tuvo México a mediados del siglo XIX, hombres que procuraron patrióticamente el bien jurídico de la nación por encima de su credo y del bienestar de los líderes religiosos de la Iglesia a la que pertenecían.
México espera que las legislaturas que han aplazado la votación de la reforma del artículo 24 constitucional privilegien por encima de intereses particulares y de grupo los principios y valores del Estado laico, satisfaciendo únicamente las demandas de los y las ciudadanas que representan. ¡No a la reforma del artículo 24 constitucional!
Fuente: http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/editoriales/3/16/editorial/2012/08/28/607093/coahuila-el-caso-que-no-debe-repetirse.aspx
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