Lunes 17 de octubre del 2011
Sin embargo, en el contexto regional, la feminista considera que el resto del continente espera que Uruguay ratifique lo que su ciudadanía sostiene desde hace años en diversas encuestas: la despenalización de esa práctica.
No obstante, en esa oportunidad y en muchas otras, la ciudadanía uruguaya ha manifestado su aprobación a la despenalización. De hecho, un sondeo de la empresa Factum de medición de la opinión pública, en aquel momento, arrojaba 56 por ciento de acuerdo con la medida.
En Uruguay, y según las cifras conocidas, se practican unos 33.000 abortos al año, mientras que los nacimientos no superan los 45.000 anuales.
Este fin de año será crucial para el país en materia de derechos sexuales y reproductivos, pues el parlamento discutirá nuevamente el tema, por medio de un proyecto de ley elaborado por la senadora Mónica Xavier y acordado por la bancada de gobierno, que ya está en estudio por la comisión de salud de ese órgano.
El contexto
En los últimos años, los países de la región han promovido distintas estrategias orientadas "a garantizar el acceso oportuno de las mujeres al aborto seguro", explicó González Vélez.
Las estrategias emprendidas en la última década van desde la legalización -que se orientan más a proteger los derechos de las mujeres-, hasta la creación de regulaciones sanitarias o la implementación de políticas de reducción de riesgos y daños, como es el caso de Uruguay, explica la especialista.
Asegura que son las estrategias de legalización o despenalización las que efectivamente "les reconocen a las mujeres el derecho a acceder a servicios que sean provistos de forma legal, oportuna, segura".
Este tipo de propuestas -detalla- ha sido de dos tipos: las que eliminan el delito por un tiempo determinado de la gestación (en general 12 semanas), como en México DF, Cuba y Puerto Rico, y aquellas que lo despenalizan en algunas circunstancias (como salud, violación, entre otras), que es el caso reciente de Colombia.
Su ventaja sustancial es que con ellas las mujeres no deben enfrentar otro escenario que el de "su propia decisión", asegura la colombiana a SEMlac.
En los países que han adoptado estas medidas, las mujeres pueden resolver con autonomía interrumpir un embarazo, si creen que es "inoportuno, afecta su proyecto de vida, interrumpe su educación, su trabajo, o porque falló un método anticonceptivo", agrega González Vélez.
Derechos y vulneraciones
En Uruguay existen las causales, aunque aparecen en el Código Penal como "atenuantes o eximentes de pena". Se trata de tres: el riesgo de vida, la violación, y una "causal poco común": la de la penuria económica.
Para la especialista, por el trabajo conjunto que ha realizado con una abogada, el hecho de que sean eximentes de responsabilidad significa que "la realización de un aborto, en los casos que están previstos, no configuran delito ni para la mujer ni para los profesionales, eliminando la asignación de responsabilidad".
Esto es "muy relevante técnicamente" -explica- porque supone que para esos casos debería haber "oferta" y que la misma debería ser legal. Sin embargo, en Uruguay, ello no se ha garantizado.
La ex directora de salud pública colombiana admite que esta interpretación está vinculada a la teoría jurídica, pero la considera importante para Uruguay, que desde 1938 cuenta con causales, aunque estas jamás se hayan reglamentado.
Las Cortes progresistas como la colombiana -detalla González Vélez- asumen que, para las causales que están eximidas de la pena "ya no hay delito y que, de todas maneras, los servicios tienen que ser prestados".
Este conjunto de estrategias pueden denominarse como de "regulaciones sanitarias" basadas en los derechos humanos, en tanto lo que hacen es "ajustar las normas del sector" salud para garantizar el acceso a los servicios.
Estrategias diversas
Implica la especificación de cómo deben brindarse los servicios para garantizar el acceso al aborto en las causales establecidas, y en general "va de la mano de otra estrategia que es la interpretación amplia de las causales", dice a SEMlac.
Esto significa, por ejemplo, que la "causal de salud y vida" sea interpretada en su sentido amplio, entendiéndola como salud integral -bienestar biológico, psíquico y social-, evitando hacer "interpretaciones amplias de las prohibiciones".
La causal que se encuentra en mayor estado de avance respecto a su amplia interpretación es esta última, que cuenta con una publicación en la que se reúne un consenso a nivel latinoamericano: "Causal salud. Interrupción legal del embarazo, ética y derechos humanos", coordinada por la experta. En ella se reúne un conjunto de argumentos para que profesionales de la salud puedan tomar decisiones en la materia.
Otro conjunto de estrategias se refieren a la reducción de riesgos y daños provocados por el aborto realizado en condiciones de riesgo. Algunas de ellas pueden ser "la promoción del uso masivo de la aspiración manual intrauterina, el aborto con medicamentos, o la estrategia que se ha promovido en Uruguay, que es la de reducción de daños".
Esta última se funda en la consejería para detectar si la mujer que asiste a la consulta transita un embarazo no deseado, brindándole en tal caso información para que, de interrumpirlo, lo haga de forma segura. La reducción de daños rigió en principio como norma del sector salud (2004), y obtuvo el estatus de ley en 2008.
Hacia la protección
Las ventajas de esta estrategia -explicó- pasan por la creación de condiciones para prevenir el daño, además de informar y asesorar, asegurando el acceso seguro a la anticoncepción y ayudando a prevenir abortos futuros.
Sin embargo, González Vélez la recomienda sólo para contextos muy restrictivos en cuanto a sus normas. "Me parece un poco más compleja la promoción de la estrategia en un contexto como el uruguayo", señala.
Y es que en América Latina, Uruguay es "uno de los pocos países donde los últimos seis años ha habido una estrategia continuada de debate democrático alrededor del tema del aborto", señala González Vélez.
Para ella, la estrategia de reducción de daños cumplió un rol en el país, pero hoy "la discusión debe ser por la legalización", explicita la feminista.
"Están dadas las condiciones sociales y en el congreso", puntualiza. Además, el país debería avanzar "hacia una perspectiva de protección de derechos de las mujeres", añade, pues la estrategia actual tiene desventajas en este sentido.
Fundamentalmente, porque "la resolución final de la interrupción recae exclusivamente sobre las mujeres, y hasta donde yo sé, en el caso del Uruguay el acceso a Misoprostol tiene algunas restricciones", al no ser de fácil acceso para quienes deciden utilizarlo y quedan "expuestas a nuevos y mayores riesgos".
Pero, además de la vulneración de derechos, si la estrategia no cuenta con regulaciones sanitarias claras respecto a su indicación, somete a incertidumbres a los profesionales, explica la colombiana.
Estos son puntos en los que Uruguay presenta hoy serias dificultades, luego de seis años de aplicación de la estrategia, tal como sospecha la experta.
Una nota del diario local La República, del 3 de agosto de 2011, da cuenta de que "Los ginecólogos recomiendan a quienes quieran abortar el Misoprostol, pero no lo prescriben y tampoco practican abortos que estarían eximidos de pena por ley".
Por ello, para González Vélez, Uruguay debería optar por hacer "operar primero las causales", promoviendo el acceso a estas desde una interpretación amplia y suscitando, sobre todo, la despenalización o legalización para las primeras semanas de gestación.
Mientras no lo hace, la tendencia hoy, y en el marco de los derechos humanos, debe ser minimizar los requisitos, cuestión en la que Uruguay no está muy al día, refiere.
FUENTE:
0 comentarios :
Publicar un comentario