OAXACA, Oax. (apro).- Organizaciones humanitarias que integran el Foro Oaxaqueño de la Niñez exigieron a las autoridades judiciales del estado no dejarse presionar por la jerarquía católica y sentenciar conforme a derecho al sacerdote pederasta Gerardo Silvestre Hernández.
18 de febrero de 2014
En una carta dirigida al gobernador Gabino Cué, el procurador de Justicia, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz y el arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, 29 agrupaciones demandaron justicia para los niños que sufrieron abusos de Silvestre Hernández, pero también que se investigue a la Iglesia por el delito de encubrimiento.
Aunque hasta el momento los familiares de las víctimas sólo han presentado cinco denuncias, las organizaciones –entre ellas Ixquixóchitl Árbol de Muchas Flores, Escuincles Traviesos, Piña Palmera, Save the Children, Centro Social Ayuuk, Niño a Niño México, Centro Calpulli y Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl–, resaltaron que se presume “la existencia de más de 45 casos en al menos siete comunidades indígenas pertenecientes a las parroquias en las que el sacerdote estuvo presente”.
El expárroco de Santa María Ozolotepec fue aprehendido el 29 de noviembre de 2013 en la ciudad de Tlaxiaco, acusado de corrupción de menores.
El pasado miércoles 5, el Juzgado Séptimo de lo Penal dictó auto de formal prisión contra Silvestre Hernández, quien también estuvo al frente de las parroquias de San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y Villa Alta.
“Ante la impunidad que existe en nuestro estado sobre los casos de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes, en donde quienes abusan tienen la protección de los poderes políticos, judiciales, económicos o religiosos”, es urgente que se tenga en cuenta el interés superior del niño como principio de todas las actuaciones de las autoridades, pidió el Foro Oaxaqueño de la Niñez.
De igual manera, exigió que las autoridades civiles y eclesiásticas reconozcan como un grave delito el abuso sexual hacia menores, y se ofrezca una disculpa pública a quienes lo padecieron.
Las organizaciones firmantes también demandaron la reparación del daño y atención integral a los menores cuyos derechos fueron violentados, “con todo el respeto y dignidad que merecen, según su contexto cultural y evitando la revictimización”, y que se investiguen y atiendan todos los casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos de la vida privada y pública, es decir, la casa, la familia, la escuela, los espacios comunitarios y las iglesias.
“Queremos creer y confiar en las instancias de procuración de justicia”, subrayaron.
Como sociedad, añadieron, “queremos aprender nuevas formas de convivencia, donde los derechos humanos sean respetados, donde a nadie por su condición de edad, clase social u origen étnico, le sean negados sus derechos fundamentales, y que este tipo de conductas no se vuelvan a repetir nunca más en nuestra historia”.
Luego de calificar como “histórica” la detención del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández por su presunta responsabilidad en el delito de pederastia, mencionaron que “en nuestro país nunca se habían llevado estos casos a proceso judicial, quedando ocultos y protegidos en el seno de la institución eclesial”.
Asimismo, recordaron la reciente condena al Estado Vaticano por parte del Comité de las Naciones Unidas para los Derechos de los Niños, por su conducta estructural de protección y encubrimiento cómplice de los abusadores.
El Vaticano, abundaron, no reconoció la amplitud de los crímenes cometidos, no tomó las medidas apropiadas para afrontar los casos de pederastia y proteger a los niños, y adoptó políticas y prácticas que han propiciado la continuación de los abusos y la impunidad de los autores, en lugar de proteger y salvaguardar a las víctimas.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=365250
18 de febrero de 2014
En una carta dirigida al gobernador Gabino Cué, el procurador de Justicia, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz y el arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, 29 agrupaciones demandaron justicia para los niños que sufrieron abusos de Silvestre Hernández, pero también que se investigue a la Iglesia por el delito de encubrimiento.
Aunque hasta el momento los familiares de las víctimas sólo han presentado cinco denuncias, las organizaciones –entre ellas Ixquixóchitl Árbol de Muchas Flores, Escuincles Traviesos, Piña Palmera, Save the Children, Centro Social Ayuuk, Niño a Niño México, Centro Calpulli y Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl–, resaltaron que se presume “la existencia de más de 45 casos en al menos siete comunidades indígenas pertenecientes a las parroquias en las que el sacerdote estuvo presente”.
El expárroco de Santa María Ozolotepec fue aprehendido el 29 de noviembre de 2013 en la ciudad de Tlaxiaco, acusado de corrupción de menores.
El pasado miércoles 5, el Juzgado Séptimo de lo Penal dictó auto de formal prisión contra Silvestre Hernández, quien también estuvo al frente de las parroquias de San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y Villa Alta.
“Ante la impunidad que existe en nuestro estado sobre los casos de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes, en donde quienes abusan tienen la protección de los poderes políticos, judiciales, económicos o religiosos”, es urgente que se tenga en cuenta el interés superior del niño como principio de todas las actuaciones de las autoridades, pidió el Foro Oaxaqueño de la Niñez.
De igual manera, exigió que las autoridades civiles y eclesiásticas reconozcan como un grave delito el abuso sexual hacia menores, y se ofrezca una disculpa pública a quienes lo padecieron.
Las organizaciones firmantes también demandaron la reparación del daño y atención integral a los menores cuyos derechos fueron violentados, “con todo el respeto y dignidad que merecen, según su contexto cultural y evitando la revictimización”, y que se investiguen y atiendan todos los casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos de la vida privada y pública, es decir, la casa, la familia, la escuela, los espacios comunitarios y las iglesias.
“Queremos creer y confiar en las instancias de procuración de justicia”, subrayaron.
Como sociedad, añadieron, “queremos aprender nuevas formas de convivencia, donde los derechos humanos sean respetados, donde a nadie por su condición de edad, clase social u origen étnico, le sean negados sus derechos fundamentales, y que este tipo de conductas no se vuelvan a repetir nunca más en nuestra historia”.
Luego de calificar como “histórica” la detención del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández por su presunta responsabilidad en el delito de pederastia, mencionaron que “en nuestro país nunca se habían llevado estos casos a proceso judicial, quedando ocultos y protegidos en el seno de la institución eclesial”.
Asimismo, recordaron la reciente condena al Estado Vaticano por parte del Comité de las Naciones Unidas para los Derechos de los Niños, por su conducta estructural de protección y encubrimiento cómplice de los abusadores.
El Vaticano, abundaron, no reconoció la amplitud de los crímenes cometidos, no tomó las medidas apropiadas para afrontar los casos de pederastia y proteger a los niños, y adoptó políticas y prácticas que han propiciado la continuación de los abusos y la impunidad de los autores, en lugar de proteger y salvaguardar a las víctimas.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=365250
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